divendres, 1 de juliol de 2011

Rechazo frontal a la ley omnibus

Nuestro grupo parlamentario ha rechazado de plano el anteproyecto del gobierno de CIU sobre la llamada Ley Omnibus. Dicha ley representa un "poti-poti"l egal en el trato de materias tan diversas como la política industrial, la acogida de inmigrantes,o la vivienda, por destacar algunas. Bajo este texto que alcanza los 610 artículos, se derogan  80 leyes anteriores del tripartit, el gobierno de convergencia pretende desmontar de un plumazo los avances en políticas sociales de los últimos años, con la excusa de la eficiencia y la agilización  económica, además de dejar sin contenido el capítulo de derechos y deberes del Estatut.
Nuestra oposición frontal viene dada en primer lugar por la inexistencia de debate en torno a esta, no ha habido ningún mecanismo de consulta a los agentes sociales diversos en cada uno de los ataques planteados en el texto. Se desmantelan multitud de órganos consultivos sobre infinidad de materias,  bajo la lógica de yo gobierno con o sin la opinión del pueblo y por supuesto bajo la lógica fomentemos la actividad privada desregulando el control público, argumento ya visto y experimentado por ejemplo en la reforma de la Ley del Suelo que llevó a cabo el PP y que tan "buenos resultados nos ha traído" a los trabajadores y trabajadoras.


Pero entrando un poco en materia,y dejando el argumentario genérico ¿Qué medidas se proponen en lo concreto? En materia de Política industrial, se deroga la Llei de política industrial que buscaba la reactivación del sector, ley pactada entre sindicatos y empresarios, volviendo a la senda de la desregulación y a la ausencia de planes estratégicos de cambios de modelo industrial, fomento de la formación continua, etc.
En materia de sanidad, nos encontramos ante un ataque directo a la igualdad en el acceso. Se permitirá el acceso de pacientes de mutuas privadas a los centros públicos, pasando por delante de las listas de espera que soportamos los de la pública, con lo cual habrán diferencias flagrantes en el derecho a la sanidad de los ciudadanos y ciudadanas, basando la diferencia en la capacidad adquisitiva de cada paciente.
En materia de acogida de inmigrantes y la tan reclamada competencia autonómica sobre la gestión de la inmigración, se retrasa 3 años la puesta en marcha de la Agencia de migraciones lo que significará una ausencia de politicas de acogida, obligando de nuevo a los ayuntamientos a hacer frente sin recursos en este tema.
En materia de vivienda, se deroga la Llei d'Habitatge que suponía ampliar la capacidad desde lo público de paliar el disloque en el sector privado, así se podrán descalificar viviendas de VPO a los 30 años volviendo de nuevo a poder privatizar parque público de viviendas, se podrán adjudicar VPO al margen del Registro de solicitantes de vivienda pública, lo que generará posibles chanchullos y clientelismo, motivo por el que se creó este organismo, se eliminan las reservas con este fin en suelo urbano consolidado, y se excluye a las entidades sociales de la posible compra directa de suelo con el fin de construir vivienda social. Puf! de un plumazo.
En el urbanismo, se deja sin presupuesto la ley de barrios de tan buena valoración allí donde se ha proyectado, como por ejemplo en el barrio de la románica de nuestra ciudad. Se elimina la obligación de emitir Informes de impacto ambiental en los proyectos urbanísticos.
En el transporte terrestre por carretera, las empresas concesionarias no tendrán que justificar los cambios en las tarifas que pagamos todos y todas.
Y por último el medio ambiente, en esta materia, la consigna está clara, desregulación de mecanismos de control,siguiendo la lógica obsoleta de que las políticas medioambientales chocan con el desarrollo económico. Así pues, muchas actividades industriales y de ganadería intensiva dejaran de tener la obligación de sopesar y paliar su impacto en el territorio. También, se avanza más hacia la privatización del suministro de agua, lo que a implicará pagar más en la factura.

ICV-EUiA valora como muy negativa esta ley por todo lo expuesto, y por lo que representa al fin, cambiar de un plumazo y en una sola ley bajo el amparo de la potestad legislativa las condiciones de acceso a derechos y servicios de la ciudadanía. Así no vamos bien, señores. Todo el contrario hay que avanzar en democracia y crear procesos participativos de diferente índole en las cuestiones claves que afecten a los ciudadanos, hay que fomentar la transparencia, el acceso a la información, los mecanismos de control ciudadano sobre las leyes. La coalición en los próximos meses trabajará por plantear leyes que regulen y garanticen todo esto, además de la reforma de la Ley electoral y del Pacto anticorrupción en Cataluña. Aún en la minoría dejaremos sentir nuestra voz y nuestras  propuesta dentro y fuera del Parlament.